Como un modo de aproximación a la cuestión legal, conviene recordar que el ejercicio de nuestra profesión está controlado por el Gobierno de Córdoba, y en algunos aspectos, ese control lo ejerce en concurrencia con el Gobierno municipal de cada una de las ciudades o localidades donde el óptico ejerce. A ese control se lo denomina Poder de Policía, se trata de una de las facultades no delegadas por las provincias a la Nación, según lo establece nuestra Constitución Nacional, es decir, en todos los casos el Poder de Policía es ejercido exclusivamente por las provincias.

En Córdoba rige la ley 6222, que en su artículo 3º dispone que el Técnico Óptico es el responsable de la interpretación, ejecución correcta y exacta de toda la receta oftalmológica, responsable del control de la calidad de los cristales empleados, neutros,filtrantes protectores o correctores, con la perfecta adaptación final de todo tipo de anteojos. Es el único profesional habilitado para asumir la responsabilidad de la exhibición y expendio de anteojos, cristales correctores y todo otro elemento destinado a interponerse en el campo del órgano visual o a proteger el mismo.

Por otra parte, la Ley Nacional 17.132 que rige en Capital Federal y en territorio nacional, dispone que el despacho al público de anteojos de todo tipo –protectores, correctores y/o filtrantes- y todo otro elemento que tenga a fin interponerse en el campo visual para corregir vicios, sólo podrá tener lugar en las casas de óptica habilitadas. Cada provincia argentina, a su vez, dictó leyes similares.

Asimismo, en consonancia con esas normas, muchas municipalidades sancionaron sus propias ordenanzas que establecen los requisitos necesarios para obtener la habilitación correspondiente del negocio.

En concreto, en todo el territorio de la República Argentina la venta de anteojos - de cualquier tipo- debe llevarse a cabo en la sede de negocios de ópticas debidamente habilitados, lo que no es no mas ni menos que la concreción de un viejo anhelo de nuestra profesión.

Sin embargo, es de público conocimiento que dichas normativas han sido constantemente transgredidas, situación que se agrava en la actualidad. Por eso, la lucha en defensa de la legislación que regula nuestra profesión debe ser permanente, y por mínimo que sea el logro obtenido la continuidad es importante.

La irrupción del pregraduado y de los anteojos de sol, sumado a la virulencia comercial y judicial con la que actúan quienes pretenden imponerlos, demanda de nuestro sector una postura firme y defensiva. Esto requiere actuaciones conjuntas entre los asociados y el resto de las entidades hermanas a nivel nacional. Debemos mantenernos unidos y predispuestos a aportar nuestra colaboración para organizar, financiar y ejecutar las políticas orientadas a regular nuestra profesión.